Si, durante el pasado 2015 el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras entidades públicas (universidades y otras) aprobaron 6,01 millones de facturas electrónicas, sólo en los dos primeros meses de este año 2016, la cifra ya se ha incrementado en más de un 18% y ha llegado hasta los 7’2 millones de documentos.
La cuantía de estas operaciones ha pasado de los 32.824 millones de euros, sumados en el pasado periodo, hasta los 37.551 millones a los que se ha llegado en enero y febrero de 2016.
Las entidades locales fueron las principales receptoras de facturas digitales, con un 49,6%, seguidas de lascomunidades autónomas con un 38’45% y de la Administración General del Estado que recibió el 9’94%.
Los datos de las pymes también ascienden, incrementaron un 22% el uso de factura electrónica, sobre todo en el sector servicios -61’98%- , la industria -34’29%-, y el sector primario – 2’85-.
Más cifras: las empresas ahorraron unos 384 millones de € en la recepción de facturas, más de 218 millones en su emisión y dedicaron 320.000 horas menos en la emisión y 52.ooo horas menos en la recepción de facturas.
Los expertos consideran que la obligatoriedad de factura electrónica para las Administraciones ha supuesto la apertura hacia una mayor digitalización de las empresas. En efecto, una vez que las empresas comprueban las enormes ventajas operativas, el ahorro en costes y en horas de trabajo y el sistema de archivo y disponibilidad de las facturas, ya no dejan de utilizarlo en sus procesos; así se van adaptando a los cambios en tiempo real y evitan tener que correr para aprender de pronto y por obligación; además han evitado la tala de más de 4.000 árboles…
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